¿Qué son los asocios públicos privados?

Son proyectos donde las entidades estatales encargan a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento. Dichas actividades deben involucrar la operación y mantenimiento de tal infraestructura. También pueden versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos o la explotación o ejecución de actividades de interés general, entendiendo estas últimas como aquellas que tienen por objeto el impulso de sectores estratégicos de la economía mediante el fomento de la tecnología, la ciencia, la innovación, así como la investigación y desarrollo.

El Estado, por su parte, tiene a su cargo las labores de rectoría del proyecto, la competencia y facultades de planeación, control, sanción, penalización, regulación, supervisión y vigilancia de la ejecución de los contratos respectivos, a través de las instituciones que correspondan. El Estado garantizará el bien común en el ejercicio de su rectoría.

Por disposición legal, se encuentran excluidos los proyectos en los sectores de salud, seguridad social, seguridad pública, justicia en lo referente a custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de internos, agua y educación.

Pueden llevar a cabo proyectos de Asocios Público Privados en calidad de contratantes del Estado el Órgano Ejecutivo y sus dependencias, las instituciones de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), así como las municipalidades. El monto de inversión y gasto actualizado de operación y mantenimiento de los proyectos de APP deberá superar el equivalente de cuarenta y cinco mil veces el salario mínimo mensual vigente del sector comercio y servicios (al 2015, es aproximadamente de USD 11.3 millones) y el plazo máximo del contrato es de 40 años.

Asimismo, la legislación salvadoreña contempla el régimen de iniciativa privada en que una persona jurídica privada nacional o extranjera puede proponer que un proyecto sea objeto de Asocio Público Privado por parte de una institución contratante del Estado, siempre que se den los siguientes supuestos:

  1. Que por su naturaleza económica haya sido calificado como sostenible por la institución contratante del Estado y el Consejo Directivo de PROESA.
  2. Que no corresponda a una obra que, al momento de la presentación del proyecto de iniciativa privada, esté siendo estudiada por PROESA o alguna institución contratante del Estado, para ser ejecutada mediante modalidad de Asocio Público- Privado.
  3. Que incorpore prácticas innovadoras en el sector económico al cual corresponde el proyecto y respecto de la provisión pública tradicional.